El acuerdo de
Tepalcatepec: alcance e institucionalización de las autodefensas
Gustavo Ogarrio
El pasado lunes 27 de
enero los grupos de autodefensa de Tierra Caliente, el gobierno federal y el
gobierno de Michoacán firmaron un acuerdo en el que las autodefensas se
comprometieron a incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales. Al inicio de
dicho documento se puede leer: “las autodefensas se institucionalizan al
incorporarse a los cuerpos de defensa rurales”. El acuerdo consta de ocho
puntos, en los cuales se decreta, además de esta institucionalización (que será
temporal), la elaboración de un registro de integrantes y de armas de las
autodefensas, así como tenues medidas contra la situación global de violencia
en términos estructurales: auditorías a municipios de la Tierra Caliente;
rotación de ministerios públicos, federales y locales; aplicar “todo el peso de
la ley” a aquellos servidores públicos municipales y estatales “que tengan
responsabilidad penal o administrativa, y que se encuentre totalmente
acreditada”, entre otros.
Ninguna palabra sobre la
responsabilidad del Estado en lo que se refiere a su estrategia “integral”
contra el crimen organizado, ni siquiera una leve mención a sus posibles
compromisos para impulsar el “desarrollo integral de la región”, a su actuación
no sólo policiaca y militar en la perspectiva global de la violencia. Quizás es
mejor que no se mencione la concepción desarrollista del Estado, arcaica,
cuando la realpolitik del sistema político mexicano camina
bajo el imperativo de la aplicación, ya sea intensa o gradual, del
neoliberalismo. El acuerdo no tiene nada de “integral”, es quizás una mínima
contención “institucional” de las autodefensas, aunque éstas sigan con esa
avalancha de municipios que se suman al poder regional que está adquiriendo la
posibilidad de ponerse a salvo del crimen organizado. Tampoco hay una sola
palabra en relación a desmontar la profunda simbiosis entre el aparato político
del Estado y su corporativización por parte del crimen organizado. Los
gobiernos tanto de Michoacán como federal salen prácticamente intocados en este
acuerdo, es decir, sus acciones y omisiones respecto a la metástasis de la
violencia en los últimos años es invisible, no se expresa esa perspectiva que
le da sentido y legitimidad a los levantamientos de las autodefensas: la
ausencia y complicidad del Estado en lo que se refiere a la violencia
estructural. Las autodefensas no lograron arrancarle al Estado mexicano ningún
compromiso de gran calado, ningún aviso de replanteamiento de su condición
actual, mucho menos alguna expresión que saliera de la lógica de la política
entendida como espectáculo y que firma acuerdos para que se divulguen a nivel
nacional e internacional y puedan revertir la “imagen negativa” de México en el
exterior.
Las fotos del acuerdo de
Tepalcatepec, en las que los líderes de las autodefensas se abrazan con el
gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, y con el comisionado federal, Alfredo
Castillo, son las imágenes de la ausencia de conflicto y, de alguna manera,
significan el triunfo fugaz del despojo institucional de una causa legítima de
sobrevivencia y autodefensa. Además, el crimen organizado es el otro gran
ausente en los términos en los que se plantea y justifica el acuerdo, en su
condición de poder de vida perversamente asalariada y de muerte, como el objeto
principal que articula la violencia en su ejercicio más deshumanizado y de
barbarie. Si se lee el acuerdo de manera descontextualizada, tal parece que la
presencia de las autodefensas carece de legitimidad y de razones de
sobrevivencia, tal parece que son ellas el problema de seguridad y no ese
tronco de corrupción institucional desmedida, propiciado y tolerado por el
Estado, en un contexto de crecimiento capitalista del crimen organizado.
¿Cómo se puede
interpretar este acuerdo sin caer en el triunfalismo exasperante de los
gobiernos involucrados y de la destrozada clase política michoacana, sin
advertir que más bien abre las puertas, otra vez, a un tipo de simulación por
parte del Estado y que simplemente hará asimilables todo lo que las
autodefensas habían logrado cuestionar con su sola presencia? ¿Hasta dónde la
institucionalización de las autodefensas de Tierra Caliente simplemente nos
señala que cualquier gesto de sobrevivencia organizada será rápidamente
asimilado por la articulación entre la retórica militar y policiaca del Estado y
la intocabilidad de la estructura profunda del crimen organizado?
Más allá de
comprender el surgimiento y el avance de las autodefensas como la posible
salvación de un pueblo o una comunidad ante el naufragio del Estado y ante la
ampliación y diversificación económica del narcotráfico, es también posible
entenderlas como una articulación sumamente heterogénea de miedos y de sujetos,
una mezcla de situaciones y de razonesque en los últimos días ha sido
documentada: genuinos miedos de pueblos y comunidades que formaron una
organización armada de sobrevivencia con una raíz agraria y popular;
“desclasamientos” templarios de franjas media y bajas; articulación defensiva
de propietarios, productores, líderes de comunidad y guardias espontáneos. Es
obvio que para este momento de crecimiento de las autodefensas –ellos dicen que
son 25 mil–, el acuerdo con el gobierno federal quizás resuelve una crisis de
crecimiento, es decir, puede significar una manera de preguntarse por el
alcance de sus acciones. De esto dependerá si su irrupción de sobrevivencia se
transformará en una articulación política que llevará hasta sus últimas
consecuencias esta “rebelión de las víctimas”. La magnitud de lo que en los
últimos años creció como violencia funcional al capitalismo auténticamente
salvaje en regiones como Michoacán es casi imposible de hacer consciente, la
irrupción de las autodefensas, por más que no obtenga “triunfos” espectaculares
o que termine asimilada por el Estado, ha sido ya una respuesta de
sobrevivencia al exterminio y de justicia simbolizada, quizás en algunos casos
hasta inconsciente en su proyección y recepción; una contención del crimen
organizado en su contexto regional, un cuestionamiento radical de los
fundamentos actuales de la política y del Estado;una articulación de sujetos en
situaciones de aniquilación y que todavía están por definir el alcance social,
político e ideológico de su irrupción.
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